Impulsado por Alberto Fernández y Sergio Massa, el proyecto oficialista para cambiar puntos claves de la actual norma genera consenso con la bancada de Juntos por el Cambio. El rechazo de agrupaciones inquilinas.
El Congreso que se viene coordinará con el Poder Ejecutivo una nueva ley de alquileres. El objetivo es encontrar una solución al aumento disparado de precios, que según lee el oficialismo, tiene que ver con la falta de oferta de inmuebles. El presidente Alberto Fernández le pidió el martes al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que trabaje en una nueva redacción del proyecto con el fin de suspender por 180 días la ley vigente.
La semana pasada, en el marco del Día de la Construcción, Massa instaló la decisión del Frente de Todos de reformar la ley de alquileres, al asegurar que “fracasó” en su implementación. En ese contexto, el tigrense señaló que “hay que darle certezas a los propietarios y seguridad a los inquilinos”.
La ley 27.551 fue aprobada en Diputados el 20 de noviembre del 2019 -en los últimos días de mandato presidencial de Mauricio Macri- y refrendada en el Senado el 11 de junio de 2020, ya durante el gobierno de Alberto Fernández.
A más de un año de su aplicación, tanto opositores como oficialistas afirman que no es una “buena ley”. Desde el principio fue rechazada por el sector inmobiliario y propietarios. Además, su derogación fue parte de la campaña electoral de Juntos por el Cambio, hasta el punto de que hay un proyecto para modificarla presentado de la radical Karina Banfi y otros dirigentes del espacio.
El texto de la ley de alquileres actual establece un plazo mínimo de contrato por tres años, un aumento anual regido por el IPC y el RIPTE y prohíbe pagos adelantados, salvo el mes de depósito en garantía. Según pudo saber Tiempo, las modificaciones propuestas impactan de lleno en esos tres puntos.
En cuanto a la duración de los contratos, la intención oficial es que vuelvan a un plazo mínimo de dos años.
También se plantea un regreso a los aumentos semestrales, con porcentajes definidos por los propietarios. Otra clave en la discusión es la inscripción de los contratos de alquiler en un registro de AFIP, que según datos del ministerio de Hábitat de la Nación que comanda Jorge Ferraresi han realizado 230.000 inquilinos sobre 2.500.000 que están en el radar.
En este punto, la diputada electa por el Frente de Todos Marcela Passo opinó que este trámite “genera al propietario mayores pasos administrativos a la hora de informar. Debemos cruzar información que el estado ya tiene y no pedirle al propietario que se registre”.
Desde agrupaciones de inquilinos repudiaron las propuestas de modificación. El presidente de la Federación Nacional de Inquilinos, Gervasio Muñoz, explicó a Tiempo que “esto sólo busca atender la demanda del mercado inmobiliario. Es una lógica contra los intereses de los inquilinos y contra bajar los precios”.
Desde su reglamentación en julio de 2020, los inquilinos señalan que hay un cumplimento sistemático, ya que se puso en discusión el enorme abuso preexistente en el mercado del alquiler, pero también quedó en evidencia la ausencia del Estado en políticas al respecto. “El gobierno prefiere derogarla antes que controlar el cumplimiento de la norma”, agregó Muñoz.
Por ahora, en la Cámara Baja los legisladores coinciden en que hay que revisar la ley y reconocen la dificultad de encontrar un equilibrio entre el mercado, propietarios e inquilinos. “Siempre alguno se ve perjudicado”, señaló un diputado oficialista a este medio. Será una tarea en la que se trabajará después del 10 de diciembre, en el marco de la extensión del periodo ordinario de sesiones hasta fin de año y con el recambio de diputados.
FUENTE: Tiempo Argentino