La pandemia de Covid 19 expuso y expone con toda crueldad cuán invisibilizadas por la sociedad estamos las Personas Adultas Mayores (PAM) en el mundo digital contemporáneo.
La dramática aceleración del cambio tecnológico en la última década agudiza día a día nuestra exclusión de ese mundo debido a que las PAM somos, por cuestión de edad, analfabetas digitales. Y por más que nos esforzamos en familiarizarnos con los medios digitales, el progreso tecnológico avanza a vertiginosa velocidad y mínimo costo, sin tener en cuenta a grandes grupos sociales (etarios, étnicos, discapacitados) que quedamos marginados del mismo. Nos dejan solos, atrás, desconociendo Convenciones Internacionales de Derechos Humanos.
Tres ejemplos:
A poco de comenzada la pandemia, el día del primer cobro de haberes de los jubilados hubo en los bancos filas interminables de personas de edad avanzada –sin guardar las mínimas medidas preventivas, recién instauradas– que iban a las sucursales a retirar el efectivo ya que no acostumbran a utilizar los medios electrónicos, que le resultan ajenos.
La exigencia (forzosa debido a la Covid) de operar vía home-banking, que para gran parte de las operaciones requiere un segundo factor de autenticación (el token) e implica recurrir necesariamente a un cajero automático (desaconsejado por el alto riesgo de contago), demanda capacidades y habilidades fuera del alcance de una PAM y se constituye en un insalvable obstáculo.
Mientras los bancos, apoyados por instituciones nacionales e internacionales, propician la denominada “inclusión financiera” como estrategia para obtener mayores beneficios alcanzando a potenciales clientes, a los adultos mayores a la hora de la pandemia apenas nos brindan “consejos para perder el miedo a los canales digitales”; nos refrescan la información acerca de cómo operar a la distancia y nos recomiendan que hagamos guías escritas de las operaciones antes de realizarlas.
En resumen, escuetos y raquíticos recursos que nos dejan desolados en medio del aislamiento que debemos respetar, al tiempo que alardean con la inclusión financiera, no invierten recursos en desarrollar sistemas que provean accesibilidad y usabilidad universal a los usuarios, ya que no existen regulaciones públicas que los compelan a ello.
En sentido contrario, para proteger a las PAM y otros grupos vulnerables de semejante invisibilización excluyente, países como India con más de 70 millones de discapacitados han legislado garantizando sus derechos a través de la denominada inclusión digital universal (que comprende a las PAM), para lo cual han desarrollado y adoptado una normativa especial de sistemas digitales accesibles y utilizables por todos los grupos vulnerables, que lentamente comienza a ser aplicada.
En Argentina, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de Adultos Mayores, ratificada en 2017 por ley nacional 27.360, protege a las PAM para no quedar excluidas de la sociedad;
para que podamos seguir siendo ciudadanos activos,
plenos de derechos.
A tal propósito insta a los sectores público y privado a que contribuyan a erradicar la “discriminación por edad en la vejez», entendida como cualquier distinción, exclusión o restricción basada en la edad que tenga como objetivo o efecto anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o cualquier otra de la vida pública y privada.
Actualmente, a más de tres años desde la sanción de la ley, ¿no será momento para que el Estado Nacional haga honor a los compromisos valientemente asumidos entonces y dé el puntapié inicial del andamiaje de instituciones públicas especializadas en la protección y promoción de los derechos de la persona mayor y su desarrollo integral?
FUENTE: El Cohete a la Luna
Por Horacio Feinstein
El autor es miembro del sector Personas Adultos Mayores de la APDH.