El norte grande es hoy el epicentro de una disputa estratégica en una Argentina que enfrenta una profunda crisis económica, política y social.
Al cuadro del empobrecimiento y la caída de los salarios provocada por la escalada inflacionaria y del ajuste del gasto público impuesto por el FMI, se suma una peligrosa y multidimensional ofensiva antidemocrática que tiene entre sus capítulos más preocupantes la represión de la movilización social y criminalización de la protesta. Como sucedió a fines de los años noventa, la mecha que se prende en Jujuy es un mensaje que todxs aspirantes a gobernar el país en los próximos 4 años no deberían subestimar.
El 22 de mayo los gobernadores Morales, Jalil y Sáenz se presentaron juntos en la Rural ante empresarios mineros para rechazar abiertamente la creación de una “OPEP del litio”, que en rigor es también un rechazo a la nacionalización del recurso y una advertencia al ejecutivo nacional para que nada cambie: “reglas claras” durante el próximo gobierno para darle “seguridad jurídica” a las empresas y mantener los proyectos en marcha. Con un solo gesto hicieron dos movimientos: ofrecieron sin evasivas un negocio muy jugoso para los empresarios y condicionaron su apoyo al próximo gobierno. No se quedaron ahí. Los gestos del partido minero se multiplican.
El 2 de junio en medio de masivas protestas de docentes y trabajadores de la salud, en Salta se sancionó una ley antipiquetes con tratamiento exprés. En Jujuy, Morales impulsa una reforma constitucional que está siendo ampliamente cuestionada por amplios sectores sociales.
Arriba los salarios, abajo la reforma
El viernes 9 de junio la movilización en Jujuy tocó su punto más alto tanto por su masividad como por la presencia multisectorial: docentes, trabajadores de la salud y estatales en general, comunidades indígenas, organizaciones sociales, ambientales y de los derechos humanos. Al conflicto salarial docente que se arrastra desde varias semanas atrás (con salarios por debajo de los 80 mil pesos), se suma un fuerte y amplio rechazo a la reforma inconstitucional que intenta imponer Gerardo Morales. Por la noche del viernes se llevó a cabo el quinto día consecutivo de paro docente y una marcha de antorchas que se replicó en distintas localidades.
Una reforma inconstitucional
La convención constituyente surgida de un pacto entre el oficialismo y el partido justicialista busca reformar 66 de los 212 artículos de la carta magna provincial. El proceso constituyente finaliza el próximo 20 de junio. Entre los puntos más controvertidos se incluye una reforma política y judicial que elimina las elecciones de medio término y la ley de lemas, la criminalización y judicialización de la protesta social, también habilita desalojos exprés a comunidades indígenas y familias sin techo.
Las comunidades indígenas denunciaron además que el proceso de reforma viola el convenio 169 de la OIT y las leyes indígenas. El artículo 19 de la Constitución pretende negar el derecho a la CPLI así como a la autodeterminación indígena territorial. Esto constituye un claro y feroz embate contra todas las luchas de resistencia de los territorios y en defensa de los bienes comunes en el marco de la censura y criminalización al conjunto de las protestas sociales. Por su parte, en relación al tratamiento de esta reforma Natalia Morales, diputada provincial por el Frente de Izquierda denunció censura y falta de las libertades democráticas durante el proceso de discusión en comisiones que excluyeron de forma autoritaria la participación de decenas de organismos de derechos humanos, los sindicatos, las comunidades indígenas y el movimiento de mujeres.
Ante el secretismo del texto constitucional en discusión, todos los sectores movilizados alertan sobre las posibles consecuencias en materia de actividad minera, particularmente en torno al litio, y sus implicancias en términos de violación a los derechos humanos y profundización del esquema de ventajas para las empresas extractivas.
Lxs abajo firmantes nos solidarizamos, acompañamos y apoyamos la movilización popular y el Tercer Malón de la Paz, con vigilia, permanencia, acampe, olla popular y asamblea que se impulsa desde los territorios a partir del 19 de junio y el reclamo del pueblo jujeño Arriba los salarios, abajo la reforma.