El juez Sebastián Casanello le solicitó a la ministra de Seguridad un informe pormenorizado que explique con qué fundamentos jurídicos se elaboró el protocolo antipiquetes, si hubo dictámenes previos de organismos especializados y qué entidades nacionales e internacionales fueron consultadas. El magistrado también quiere saber si la normativa se adecúa a los estándares internacionales de derechos humanos, después de que tres relatorías especiales de Naciones Unidas advirtieran que no es compatible. Mientras, Bullrich lanzó una nueva ofensiva para que las organizaciones políticas y sociales paguen los operativos.
La primera denuncia judicial contra el protocolo anti-protestas de Patricia Bullrich, que había sido presentada el 18 de diciembre por el MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores), encontró al fin un juez después de chocarse con ocho resoluciones previas de incompetencia (o sea, nadie quería meterse con el tema). El juzgado que se hará cargo es el de Sebastián Casanello, quien le dio 72 horas al Ministerio de Seguridad para que le entregue un informe donde explique en detalle con qué fundamentos jurídicos se confeccionó esa norma, si tuvo dictámenes previos de áreas especializadas y qué entidades nacionales e internacionales fueron consultadas. Quiere saber “si existió un examen de adecuación a las normas internacionales de derechos humanos” y si ya hubo denuncias por la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales. Este lunes, de hecho, el coordinador del Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación, Luciano Hazan, responsabilizó a la Policía Federal por vejaciones y lesiones graves, como en el caso de Matías Aufieri, abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) que recibió un balazo de goma en el ojo izquierdo y debió ser operado. Esta causa le tocó a Julián Ercolini.
Casanello tramita el expediente como un habeas corpus y analiza si otorgará una medida cautelar para suspender el protocolo anti-manifestaciones y evaluar su constitucionalidad. Eso fue lo que pidió en un comienzo la legisladora porteña Celeste Fierro (MST en el Frente de Izquierda Unidad), quien advirtió en una acción declarativa de inconstitucionalidad la violación al derecho de reunión, asociación, de peticionar ante las autoridades, de asociación y de libre expresión, entre otros. Una vez que Bullrich conteste, el juez convocará a las partes a una audiencia. En enero, Fierro amplió la denuncia cuando la agrupación recibió la carta documento del Ministerio de Seguridad que pretendía hacerles pagar los gastos de los operativos policiales del 20 y 27 de diciembre por más de 62 millones de pesos en un caso y 40 millones en el otro, al igual que a otras fuerzas, sindicatos y organizaciones. Todos rechazaron esas cartas.
La ofensiva de la ministra
Bullrich dobló la apuesta este lunes y pidió a la Fiscalía penal contravencional y de faltas 17 que identifique a “organizaciones” y supuestos “responsables” y se les exija “solventar los costos del operativo desplegado por las fuerzas federales” ante las manifestaciones los días miércoles, jueves y viernes de la semana pasada. La realidad es que no eran solo agrupaciones; era visible la participación de jubilados/as y gente suelta, que iban a protestar al Congreso contra la Ley Ómnibus que debatía la Cámara de Diputados. La ministra eligió la Justicia porteña, a pesar de que las fuerzas que dirige y que mandó a reprimir son federales. Descuenta que allí tendrá aliados. En redes sociales posteó que los gastos totales de Gendarmería, Policía Federal, Prefectura y PSA fueron de 134.486.038,09 pesos.
En cada una de las movilizaciones que hubo hasta ahora, el lema de Bullrich fue “voy a hacer cumplir el protocolo”, en sus términos, despejar la calle. Porque lo que su normativa hace es considerar que cualquier protesta que ocupe calles, puentes, rutas es delito, aunque exista espacio para la circulación, y autoriza a actuar a las fuerzas de seguridad sin orden judicial. Apunta a los organizadores y autoriza a filmar a los manifestantes. Lo delirante es que sus agentes fueron los que terminaron cortando las avenidas, Entre Ríos en este caso, Rivadavia e Hipólito Yrigoyen que rodean la Plaza Congreso. Desde diciembre la violencia de las fuerzas de seguridad fue en aumento. La semana pasada hubo 25 personas detenidas, con las típicas imputaciones penales (atentado y resistencia a la autoridad) que el Gobierno quiere agravar en uno de los capítulos de la Ley Ómnibus.
Lo que busca es legalizar el protocolo e incluso introducir cambios en el Código Penal. Todo con el objetivo de limitar y criminalizar el derecho a la protesta frente al ajustazo del gobierno de Javier Milei. Desde el vamos, plantea elevar la pena por cortes (que hoy es de tres meses dos años) al rango de un año a tres años y seis meses, con lo que puede ser de cumplimiento efectivo.
La Comisión Provincial por la Memoria (como integrante del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura) difundió un informe que señala que en el operativo de tres días, además de detenciones arbitrarias, hubo 285 personas lesionadas por tonfas, postas de goma y gases lanzados “indiscriminadamente contra manifestantes”; “al menos 35 periodistas y 5 defensores de derechos humanos sufrieron agresiones policiales”. Le pidió medidas a la Cámara de Diputados para “evitar la reiteración de estos hechos” y que se rechacen las modificaciones propuestas en base al protocolo, el aumento de penas para consolidar “restricciones severas al derecho a la protesta social” y más atribuciones para las fuerzas. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), el CeProDH y la Asociación de Reporteros Gráficos (Argra) pidieron a la Comisión Interamericana que tome medidas de protección para trabajadores de prensa, defensores de derechos humanos y manifestantes.
La causa de Casanello
“Tras deambular 50 días por ocho juzgados y una cámara de los fueros electoral, contencioso y penal, por fin un juez acepta nuestra causa contra el protocolo represivo”, celebró la legisladora Fierro. Luego señaló medidas que pidió el juez. Por empezar, que el ministerio de Bullrich explique en tres días “pormenorizadamente el procedimiento que precedió” a la publicación del “Protocolo para el mantenimiento del orden público”. “Si fueron consultados otros organismos del Estado, entre ellos el Ministerio de Justicia de la Nación -y su Secretaría de Derechos Humanos-, y si fueron consultadas -formal o informalmente- organizaciones de la sociedad civil y/u organismos internacionales”. Le requiere los “fundamentos jurídicos para adoptar los lineamientos incluidos”, si hubo modificaciones posteriores y “si existió un examen de adecuación a las normas internacionales de derechos humanos”.
Es público que hubo pronunciamientos internacionales que advierten sobre los peligros del Protocolo. Tres relatorías especiales de Naciones Unidas enviaron una nota al Gobierno diciendo que ni el protocolo ni el capítulo sobre seguridad de la Ley Ómnibus son compatibles con el derecho internacional de los derechos humanos. Casanello, de hecho, le pregunta a la ministra si respondió. Los relatores señalaron la criminalización de la protesta social a través del derecho penal y que el Estado debe garantizar el derecho de reunión y todos los ligados a contextos de manifestaciones.
Dijeron que los cortes no constituyen violencia y que no habilitan la intervención de fuerzas de seguridad, que están para cuidar a los manifestantes, no para controlar y poner orden. También cuestionaron el cobro de los operativos y que los manifestantes deban pedir autorización para protestar. Esto fue respuesta a una denuncia de las centrales obreras, gremios, organizaciones sociales, de derechos humanos y políticas. La Comisión Interamericana posteó el viernes sobre Argentina: “La protesta social es un elemento esencial en las sociedades democráticas y que el Estado debe respetar, proteger, facilitar y garantizar el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica conforme los estándares interamericanos de Derechos Humanos”.
Más denuncias
El juez Casanello le pidió a Bullrich que le detalle si hay otros planteos judiciales contra el protocolo (los hay), qué trámite les dio, en qué estado están y si hubo algún acto administrativo. Le pregunta si recibieron denuncias “en orden a los excesos en el ejercicio de las funciones de las fuerzas policiales y de seguridad federales” a raíz de la normativa cuestionada y qué medidas tomó.
La denuncia que hizo Hazan, coordinador que se ocupa de violencia institucional en la Defensoría, debería ser punto de partida de una investigación relevante. Recibió el testimonio de Guillermo Ermili, que estaba junto al abogado Aufieri cuando le dispararon en el ojo. Describió al detalle cómo la policía motorizada (algo que se vio en imágenes) comenzó a desplazarse en círculo por la avenida Entre Ríos. En cada moto iban dos efectivos: el de atrás disparaba a mansalva hacia la gente, a la parte superior del cuerpo, o tiraba gases que lastiman la piel. Dijo que en algunas fotos se ven armas de fuego. Hazan sugirió medidas: cámaras del Congreso, de la Ciudad y de comercios, nómina de los policías motorizados, qué armas usaron, cuántos cartuchos y quién dio las órdenes. Pidió que se evite la participación de la Federal en la causa. Y las constancias de atención a Aufieri, que aún no sabe si recuperará la visión.
FUENTE: Página 12