“Si los honestos portasen armas habría menos delincuencia”, dijo Milei en el primer día post elecciones y, sin dar ningún dato, abrió otra punta del discurso punitivo. Pero, ¿quiénes tienen realmente las armas en Argentina y para qué las usan? ¿Qué relación hay entre violencia de género y armas de fuego? ¿Por qué es necesario regular más que liberar?
No fue nada sorpresivo pero sí digno de un guión berreta de película donde todo está sobreexplicado: mientras la defensora de genocidas y flamante diputada electa Victoria Villarruel hablaba en el escenario del Luna Park, un custodio del líder libertario Javier Milei desenfundaba un arma para “calmar” a un fanático que amenazaba con subir. Total normalidad.
Y lo que siguió tampoco sorprendió. “Si los honestos portasen armas habría menos delincuencia”, declaró Milei y hasta propuso facilitar el régimen de tenencia de armas para civiles.
Milei habla de portación de armas. Que no es lo mismo que tenencia. Esta última es la autorización a tener un arma en el hogar y transportarla, siempre descargada. La portación es la autorización a llevar el arma cargada en condiciones de uso inmediato en un lugar público.
“A los delincuentes no les importa si hay permiso o no, por lo tanto llevan armas. Si vos decís que no se permiten, los honestos no las van a tener y los dejás desalineados en términos de defensa”, agregó.
¿Quiénes son las personas honestas y desalineadas que deberían poder defenderse con esa falsa justicia por mano propia?
Según el último informe de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC, ex RENAR) en 2019 había 1.618.877 armas registradas en nuestro país, cuando 1.016.843 personas estaban autorizadas para su tenencia.
El cuento de armarse para tener mayor seguridad no es más que eso: un cuento. El informe de “Mapa interactivo de Homicidios Dolosos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación) de 2015 concluyó que el 52 por ciento de las personas usó un arma en discusiones, riñas o conflictos intrafamiliares. Sólo un 10 por ciento disparó en contexto de robo y un ocho por ciento en legítima defensa. El 28 por ciento restante es “desconocido”. Es decir, más de la mitad la usó para resolver conflictos con otros de la peor manera.
¿Y quiénes son los portadores de esas armas? El 84 por ciento son civiles varones. Según el ANMAC, en 2019 sólo uno de cada 100 trámites para obtener la autorización de portación fue realizado por una mujer. Los números son elocuentes: hubo 394 trámites de mujeres y 28.933 de varones.
Las armas de fuego las tienen los varones. Las mujeres no compran ni usan armas de fuego, pero sí sufren sus consecuencias. Así lo reveló “Cuando el macho dispara”, un informe que en 2019 elaboró el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), una organización que además integra la Red Argentina contra el Desarme (RAD).
Ese mismo año, de los 247 femicidios que relevó el registro oficial de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, el 25 por ciento fue con armas de fuego.
Y hay más: según los registros de llamados de la línea 144 del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), el 26 por ciento confirmó que el agresor tiene un arma de fuego. La Ley de Protección Integral de Las Mujeres le da poder a un juez para secuestrar el arma del agresor. Algo que no sucede: seis de cada diez agresores que tienen medidas de restricción tienen las armas en su poder.
Lo repetimos hasta el hartazgo: los únicos delitos que no bajaron durante el confinamiento estricto fueron los femicidios.
¿Hace falta explicar por qué es necesario regular el uso de armas de fuego? Ante discursos a la ligera como los de Milei y Espert: sí. En esta columna que escribió en 2019 Julián Alfie, coordinador del INECIP e integrante de la Red Argentina para el Desarme, contaba que ocho personas mueren por día en Argentina por disparos de armas de fuego. “La presencia de un arma de fuego en el entorno siempre es un factor de riesgo. Las armas son diseñadas para matar y son muy eficaces en ese sentido. De ahí que sea necesario que el Estado regule restrictivamente el acceso a las mismas”, decía.
Alfie proponía tres misiones de los gobiernos para controlar las armas de fuego. Trabajar en la prevención y sensibilización, controlar el mercado legal de armas y trabajar en la persecusión del mercado ilegal. En esa tarea de prevención, marcaba como herramienta principal el Plan de desarme, impulsado por la Red Argentina para el Desarme y premiado por la ONU, que durante el gobierno macrista fue desfinanciado.
Es que Milei no es el único de la casta política (según sus propias palabras) en reivindicar que las personas se armen en supuesta defensa propia. Cuando era nada más y nada menos que ministra de Seguridad, la actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, dijo: “ El que quiere estar armado que ande armado y el que no quiere estar armado que no ande armado. Argentina es un país libre”.
Al final no eran tan diferentes. Por más que la militancia le cante a Bullrich que con Milei, no.
“A las armas no las carga el diablo, sino el pánico”, decían Ileana Arduino y Esteban Rodríguez Alzueta en este texto. “Es decir, el tratamiento truculento que ensaya el periodismo en torno a los “casos policiales”, la demagogia punitiva de nuestra dirigencia que hace política con la desgracia ajena”. Gente honesta como Milei, Bullrich y Espert.
FUENTE: Cosecha Roja