Más humo para los humedales: dictamen político que atenta contra los bienes comunes

Juntos por el Cambio logró imponer un proyecto que no avalan las organizaciones sociales y científicas ni las comunidades que reclaman hace más de 10 años una ley que defienda esos espacios cruciales para la vida y el clima en todo el país. Desde las organizaciones se advierte que ni el dictamen mayoritario ni (en menor medida) el del Frente de Todos reflejan una Ley adecuada para cuidar genuinamente los humedales en riesgo. El despacho de mayoría no aplica, por ejemplo, el principio de no regresión en materia ambiental y, en caso de controversias, los principios «in dubio pro aqua» e «in dubio pro natura», en favor de la protección de los humedales que ya forma parte de la jurisprudencia de la Corte Suprema. Las respuestas de la diputada Camaño, y el silencio del oficialista Germán Martínez. En qué puntos el dictamen mayoritario retrocede con respecto a lo que se venía consensuando con las organizaciones de la sociedad civil.

Por Anabella Arrascaeta.

Ley de Humedales tuvo dictamen en el plenario de las tres comisiones a las que el proyecto había sido girado: Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano presidida por Leonardo Grosso (Frente de Todos); Agricultura y Ganadería presidida por Ricardo Buryaile (UCR); y Presupuesto y Hacienda presidida por Carlos Heller (Frente de Todos).

Pero el dictamen de mayoría pertenece al interbloque Juntos por el Cambio con 53 firmas. El dictamen de minoría fue el del Frente de Todos que, en consenso con las organizaciones, consiguió 47 firmas. Pero varios diputados y diputadas oficialistas no firmaron: Daniel Brue y Nilda Moyano, de Santiago del Estero; Pamela Calletti, de Salta; Silvina Ginocchio y Anahí Costa, de Catamarca; Fabiola Aubone, de San Juan; María Parola y Nelly Daldovo, de Formosa; Liliana Paponet, de Mendoza; y el ex gobernador de La Rioja, Sergio Casas.

Esos 10 votos hubieran dado una victoria al dictamen minoritario, un poco más cercano a lo que apoyan desde hace años las organizaciones científicas, sociales y ambientales y las comunidades afectadas por este tipo de políticas de destrucción de la naturaleza.

Dictamen regresivo

Ivo Peruggino, integrante de la Multisectorial Humedales, se refiere así a los dos dictámenes que se firmaron ayer, el de mayoría empujado por la oposición y el de minoría, empujado por el oficialismo. “Lo riesgoso es que ninguno de esos dos dictámenes es el proyecto consensuado entre la comunidad científica, la academia, entre quienes habitan los territorios y las organizaciones socioambientales”.

Agrega que el dictamen de mayoría “es totalmente regresivo en cuanto a la protección ambiental” y el proyecto de minoría era el acordado “pero se le hicieron modificaciones de último momento que no fueron consensuadas con las organizaciones de la sociedad civil”.

Las alertas

Sobre la diferencia entre los dos dictámenes la diputada Graciela Camaño sostuvo en diálogo con lavaca que el proyecto impulsado por parte del oficialismo, con el apoyo de otros bloques minoritarios, “tenía más conceptualización, claramente la autoridad de aplicación es el Ministerio de Ambiente. Cambiemos lo pone Agricultura y eso es un condicionante muy grande”.

El fallo de la mayoría rompe los consensos a los que se había llegado durante el 2020 en las extensas jornadas de debate de la ley, y parece poner los intereses económicos por encima de una defensa real del medio ambiente. Ignora incluso los principios de protección de la naturaleza y el agua que forman parte de la jurisprudencia ambiental de la Corte Suprema.

El Observatorio del Derecho a la Ciudad realizó un análisis de ambos dictámenes y señaló diferencias. «Ambos despachos tienen la misma definición de humedal pero el de minoría aplica el principio de no regresión en materia ambiental y, en caso de controversias, los principios in dubio pro aqua e in dubio pro natura, en favor de la protección de los humedales» plantea el observatorio.

En el dictamen de mayoría, el Inventario Nacional de Humedales otorga un rol más protagónico a la información generada por las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, dándoles así mayor incidencia. Este punto es considerado un retroceso ya que las provincias han demostrado que privilegian muchas veces posibles negocios y supuestas inversiones, aunque sean nocivos para los bienes comunes, el medio ambiente o no cuenten con licencia social.

Además no dispone la aplicación de los siguientes principios: Participación, Co-construcción del conocimiento, Equidad territorial y social, Perspectiva del paisaje, Progresividad, Variabilidad espacio-temporal de los humedales, Principio in dubio pro natura, Principio in dubio pro aqua, Principio de no regresión, Resguardo jurídico ambiental.

Otra alerta: no contempla regulación sobre Monitoreo, actualización y participación ciudadana en el Ordenamiento Territorial de Humedales. Tampoco establece la Responsabilidad solidaria de las personas humanas o jurídicas que hayan suscripto los Planes con datos falsos u omitir datos relevantes.

En el dictamen de mayoría la Autoridad Nacional de Aplicación es conjunta entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y el Ministerio de Economía de la Nación, que hoy está integrado por los ministerios de Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca.

Cómo se sigue

Con los dictámenes firmados, el proyecto está listo para ser tratado y votado en el recinto. La oportunidad de que sea este año todavía está latente: ayer el presidente Alberto Fernández extendió mediante DNU las sesiones ordinarias hasta el 30 de diciembre.

“Me entusiasma que tengamos dictamen, porque eso significa que podemos ir al recinto. Y en el recinto discutiremos el final de lo que vaya a ser la ley, buscaremos el consenso y ver cómo se ganan las mayorías”, expresó Graciela Camaño a esta agencia.

Consultado por lavaca, el diputado Germán Martinez, presidente del bloque del Frente de Todos, dijo que no iba a responder ni hacer comentarios sobre si el oficialismo va a impulsar que el proyecto sea votado antes de fin de año.

El presidente de la Comisión de Agricultura, el radical Ricardo Buryaile, ex ministro de Agricultura durante la gestión de Mauricio Macri, dijo durante el cierre del plenario de comisiones: “Esto no se terminó acá porque el proyecto tiene tres patas y si falta una no funciona. Creo en el equilibrio del triple impacto de un proyecto: social, económico y ambiental, sin esas tres patas no funciona. Hoy faltan las provincias. Debemos escuchar las voces de las provincias”. Así dejó expuesta que su voluntad no es la pronta votación.

Fue la diputada Romina Del Plá, del FIT-Unidad, quien denunció:

“hay lobby de empresas y grandes intereses que condicionan la ley en ambos bloques políticos”.

Mientras tanto, desde los territorios, se sigue reclamando que la clase política salde por fin una deuda que lleva demorada en el Congreso más de diez años, y millones de hectáreas menos.

FUENTE: La Vaca

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