La organización se expresó en favor de que el tema se debata en las sesiones legislativas y se sancione la ley. Además, elaboró un informe sobre la expansión de las situaciones de emergencia ígnea en el país
Como parte de una iniciativa ciudadana, la Ley de Humedales se presentó por primera vez en 2013, sin embargo, casi una década después de aquel primer impulso aún no logró ser aprobada en la Argentina. Durante 2022 dos proyectos obtuvieron dictamen en un plenario de las comisiones de Recursos Naturales, Presupuesto y Agricultura pero no fueron incorporados al temario de sesiones extraordinarias. Frente a ello, la ONG Amnistía Internacional emitió un informe alertando sobre el avance de la emergencia ígnea en el país y pidió que se sancione la ley para ofrecer “las mayores garantías posibles para la protección de los territorios”.
Si bien a lo largo del tiempo la Ley de Humedales obtuvo dos veces la aprobación por parte del Senado, el trámite parlamentario quedó inconcluso al no pasar el filtro de la Cámara de Diputados. Frente al avance de los incendios forestales, distintas organizaciones sostienen el reclamo y ahora fue Amnistía Internacional la que se sumó al pedido de un tratamiento “urgente” en las sesiones legislativas.
En medio de los cuestionamientos por parte de gobernadores y corporaciones agroindustriales y mineras que intentaron frenar su avance, dos proyectos obtuvieron dictamen en 2022. Entre sus puntos centrales, se establece el ordenamiento territorial y un inventario de ecosistemas en todo el país. Sin embargo, el tema no fue incluido entre los 27 ítems que se debatirán en las sesiones extraordinarias.
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Ante un nuevo freno en el tratamiento de la Ley de Humedales, Amnistía Internacional reclamó que es “urgente” que se debata “en el recinto durante el próximo período de sesiones legislativas”. Al respecto, la ONG publicó un informe donde advirtió que es necesario dado que “se registraron focos ígneos en todas las provincias durante 2022 y más de 560 mil hectáreas fueron afectadas por el fuego en el país”.
En el informe presentado se destaca que los humedales son fundamentales para la “mitigación y prevención de los incendios”. De hecho, indicaron que no solo representan el 21% de la extensión del territorio nacional, sino que “son barreras naturales que ayudan a prevenir el avance del fuego y amortiguan los efectos de las tormentas e inundaciones al absorber el agua lentamente”. Sumado a ello, los humedales combaten el cambio climático dado que almacenan carbono y retienen gases de efecto invernadero.
Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina sostuvo que ante la crisis climática a nivel mundial “es fundamental que los Estados redoblen sus esfuerzos para cumplir con sus compromisos internacionales en cuestiones ambientales”.
“Es clave que Argentina avance en la sanción de una ley de humedales que ofrezca las mayores garantías posibles para la protección de los territorios”, afirmó la referente de la ONG, quién recordó que el pasado 10 de noviembre dos proyectos tuvieron dictamen en el plenario de comisiones de modo que “es urgente que sean debatidos en el recinto durante el próximo período de sesiones legislativas”.
En el informe publicado se alertó que en Argentina “se registraron incendios en 23 de las 24 provincias”, según datos de enero a octubre del año pasado registrados por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). Sin embargo, el 30 de noviembre se reportaron focos de incendios en bosques nativos de Tierra del Fuego, de manera que durante el año pasado todas las provincias sufrieron incendios forestales.
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A causa de los incendios ocurridos en todo el país, se estima que la recuperación podría costar “entre USD 1.100 y 3.700 millones por año”, sostiene el estudio. Además, advirtieron que el año pasado el Ministerio de Ambiente “aumentó de manera considerable las partidas presupuestarias para dar respuesta a la crisis de incendios”. De hecho, se estima un incremento del 1.029% de partida entre 2019 y 2022.
Según datos oficiales, en 2019 se ejecutaron $195 millones del SNMF, habiéndose subejecutado el 31% del presupuesto, mientras que en octubre de 2022 ya se habían ejecutado $7.000 millones, superando en un 2% el presupuesto previamente asignado, detalló Amnistía Internacional.
Más allá del cambio climático que provocó altas temperaturas, sequías y bajos niveles hídricos, se advirtió que las acciones humanas son responsables del 95% de los incendios. Algunas de las principales causas son negligencia, fogones mal apagados y la quema intencional de pastizales. Sólo durante este miércoles 25 de enero 10 jurisdicciones presentaron focos de incendios según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.