Entre otras razones, figuran el fallo del 2 x 1 para los represores, la tolerancia a la “Doctrina Irurzun” y un fallo misógino contra una jueza.
La Multisectorial por la democratización de la justicia, una plataforma integrada por organismos y personalidades defensores de los derechos humanos y dirigentes políticos y sociales, pidió el juicio político de los jueces de la Corte Suprema por una decena de casos en los que les cuestiona el presunto “mal desempeño en sus funciones”.
Entre las razones invocadas para la remoción de los jueces figuran desde el fallo que consagró el 2 x 1 para los represores hasta la tolerancia a la “Doctrina Irurzun”, pasando por la conformación de un tribunal especial para la Tragedia de Once y un fallo “misógino” contra una jueza de la provincia de Buenos Aires.
“Venimos a solicitar se someta a juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia por la causal de mal desempeño con consecuencias en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales que garantiza la Constitución Nacional para todos los habitantes del país”, sostiene el documento.
A lo largo de 28 páginas, la entidad identificó episodios que involucran a uno o más jueces del alto tribunal y precisó las razones por las cuales considera que los cuatro actuales integrantes deben ser removidos de sus cargos.
Sobre Carlos Rosenkrantz, el colectivo le reprocha haber intervenido en causas en las que estaban involucradas empresas con las que tenía vínculos cuando era abogado particular, antes de desembarcar en la máxima instancia judicial.
En ese sentido, le reprocha haber firmado “tres fallos que involucran a Supercanal, dos a AMX (Claro), uno a Clínica Estrada, diez a YPF, cinco a Supermercado DIA, uno al Grupo América, dos a Pan American Energy y uno a Piero”.
“Más allá de lo que dicen los fallos y de la postura de Rosenkrantz, aún si votó contra su excliente, la situación es por demás irregular”, sostiene el documento.
También sobre Rosenkrantz el escrito reprocha “su concepción expresada el pasado 26 de mayo, en el marco de una conferencia titulada ‘Justicia, Derecho y Populismo en Latinoamérica’, organizada por la Universidad de Chile”.
En aquella ocasión el juez de la Corte sostuvo que “no puede haber un derecho detrás de cada necesidad”.
La tercera denuncia involucra a Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, “quienes suscribieran la resolución del 16 de diciembre pasado, que declaró inconstitucional la conformación del Consejo de la Magistratura vigente desde 2006”.
El colectivo también se sumó al pedido de juicio político presentado el 26 de mayo de 2021 contra los cuatro jueces (por primera vez aparece Ricardo Lorenzetti) “por el dictado de la resolución en la demanda del Gobierno de la Cuidad de Buenos Aires contra la Nación por las clases presenciales durante la pandemia.
También invocó la causa en la que los Jueces Rosatti y Rosenkrantz consagraron el 2 x 1 a favor de los represores de la última dictadura, conocido como “Fallo Muiña”, en 2017.
La Multisectorial reprochó a los cuatro jueces, en otra de las causales de juicio político invocadas, “la falta de la debida diligencia ante la difusión de escuchas judiciales bajo su órbita”.
“A partir del año 2016 comenzaron a hacerse públicas en los medios, escuchas telefónicas obtenidas en el marco de causas judiciales, conteniendo conversaciones que excedían el objeto de investigación”, recuerda el texto.
Las escuchas telefónicas ya dependían de la Corte Suprema y fueron utilizadas mediáticamente para revelar conversaciones privadas de, entre otros, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El escrito le adjudica a Lorenzetti, en otro de los puntos, “las graves y persistentes acciones de abuso de autoridad” cuando el 17 de agosto de 2017 “existieron acciones coordinadas tendientes a impedir que un Senador de la Nación ejerciera la función para la que fuera elegido por el bloque mayoritario del Senado en el Consejo de la Magistratura”.
Aquel día, aprovechando una mayoría circunstancial, el entonces oficialismo suspendió en el cargo al camarista Eduardo Freiler, quien posteriormente fue destituido por un Jurado de Enjuiciamiento.
La denuncia le adjudica a Lorenzetti haber demorado, junto con el entonces senador Miguel Ángel Pichetto, la asunción de Mario Pais para favorecer la suspensión de Freiler.
A Lorenzetti también le atribuye “la manipulación y designación de un Tribunal Oral para el llamado ‘Caso Once 1’, la tragedia ferroviaria de la estación Once”.
El escrito recuerda que al inaugurar el Año Judicial 2018, Lorenzetti pronunció un discurso en el que expresó: “Cuando yo recibí y nos reunimos con María Luján Rey, a quien conocemos y que ha vivido esta tragedia de una manera especial, nos pusimos a ver su problema, que era el de la tragedia, pero además el de constituir un tribunal oral. Y tuvimos que hablar con otros jueces aquí presentes para ver cómo hacíamos para armar un tribunal oral que lleve adelante ese juicio”.
Finalmente, el documento recrimina a los cuatro jueces “su responsabilidad (omisiva) por la aplicación de la doctrina Irurzun en materia de encarcelamiento preventivo” a dirigentes y ex funcionarios de la oposición al gobierno de Cambiemos y por un fallo “de neto contenido misógino, al someter al escarnio público a Martina Isabel Forns, la Jueza a cargo del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso administrativo N°2 de San Martín, con el único objetivo de ejemplarizar a los demás jueces y juezas ante los múltiples amparos presentados contra el tarifazo” en los servicios públicos dispuesto por la administración de Mauricio Macri.
La Multisectorial está integrada, entre otros, por la Asociación Justicia Legítima, la Federación Judicial Argentina (FJA), la Liga Argentina por los DDHH, la Asamblea Permanente por los DDHH, Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, el Instituto Espacio para la Memoria, el Movimiento Ecuménico por los DDHH, el sacerdote Francisco Paco Olveira, el Grupo de Curas en la Opción por los Pobres y el Llamamiento Argentino Judío.