En una medida inédita, el Centro de Asistencia Judicial de la ciudad de Rosario tomó a su cargo una causa que, según su parecer, no avanzó como debía en relación a la denuncia de una agente de policía contra un superior.
La Red de Mujeres Policías de Santa Fe viene acompañando desde hace tiempo la denuncia de una empleada con funciones en la zona sur de la ciudad de Rosario: “Golpeamos todas las puertas posibles para que la compañera sea escuchada, mientras esperábamos la respuesta de parte de la justicia, que decidió archivar la denuncia, hasta poder dar con las personas indicadas, cosa que se logró, a través del Centro de Asistencia Judicial de Rosario y del sub director de Acceso a la Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia”.
Ante eso, desde el CAJ dieron a conocer el siguiente comunicado: “En el marco de una investigación Penal Preparatoria realizada en el CAJ de Rosario, a cargo del fiscal Meinero, se tramitó la denuncia” de una empleada policial contra un superior “por (supuestos) delitos contra la integridad sexual en perjuicio de la denunciante”.
En cuanto a la historia de esa denuncia, desde el CAJ explicaron que “la denunciante es empleada policial y el denunciado fue su jefe inmediato durante tres años, aprovechando de su cargo (habría ejercido) durante ese tiempo multiplicidad de violencias, incluida la sexual” contra ella.
Pero no sólo eso, sino que “los jefes inmediatos no otorgaron la debida protección a la trabajadora y, con sus acciones, procuraron la invisibilización de la situación” en lo que fue considerado como “una decisión alejada de la mínima perspectiva de género y deber de diligencia, la fiscalía de grado desestimó la denuncia, decisión que luego fuera confirmada, llamativamente, por las Fiscalías Regional y General”.
Luego en la explicación, la CAJ aduce que “ante tal situación, procesalmente, sólo quedó la opción de convertir la acción penal en querella privada en los términos de los artículos 22, 291, 347, 350 y cc del C.P.P de Santa Fe. Ante el deseo de la mujer de no cejar en su reclamo de justicia, y siendo evidente, según nuestra experiencia, que se trata de un caso de violencia sexual, ocurrido en una dependencia caracterizada por prácticas verticalistas, es que desde el Centro de Asistencia Judicial de Rosario, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia y DD HH de la Provincia de Santa Fe, decidimos, junto a ella, optar por la conversión de la acción, ello como última instancia posible en aras de remover los obstáculos que le han impedido hasta ahora acceder a la justicia”.
“La llamada conversión de la acción implica materializar una pretensión punitiva sin acompañamiento fiscal, es decir, pedir que el sistema de justicia ordene la realización de un juicio penal contra el denunciado, donde se solicita la aplicación de una pena de prisión, siendo únicos acusadores. Es un planteo inédito para este tipo de casos y aparece como estratégico en aras de visibilizar y ayudar a desmontar los mecanismos que, como en este caso han favorecido la ocurrencia de violencias machistas en la institución policial”.
Valga destacar que la situación fue celebrada por la Red de Mujeres Policías ya que no es la primera vez que ante una denuncia de una empleada pública mujer, se actúe de este modo.