El viceministro de Ambiente se refirió al proyecto de ley que establece una tasa por cada producto de plástico. Afirmó que el rechazo es ideológico, y que los privados no se autorregulan ni invierten en reciclaje.
A medida que el proyecto de la Ley de Envases avanza en el Congreso de la Nación, también se acelera el lobby y las presiones empresariales. Poniendo el eje central en la necesidad de contar con esta norma, el viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky, dialogó con Tiempo. Rescató las características principales del proyecto, la importancia de que el Estado regule el reciclaje de estos residuos y rebatió los falsos argumentos de quienes se oponen a la iniciativa.
–¿Por qué es necesaria una Ley de Envases?
–Básicamente, por dos razones. La primera y fundamental, porque la Argentina tiene 5 mil basureros a cielo abierto y el 25% de los residuos que se generan son envases de plástico que terminan en esos basureros sin ningún tipo de tratamiento. Solamente se recupera o recicla el 8 por ciento. En segundo lugar porque, hipotéticamente, hay una industria que necesita material para el reciclaje, y curiosamente esa industria hoy está importando 800 toneladas anuales de basura plástica proveniente de otros países, por lo tanto sería lógico pensar que esa materia prima está en la Argentina pero que no se la recolecta ni se la trata adecuadamente y termina en esos basureros a cielo abierto. Hay motivos ambientales y económicos que hacen necesaria una ley de Envases, y además hace necesario que el criterio sea el de la responsabilidad del productor, esto es, que quien coloca un producto en el mercado debe hacerse responsable del tratamiento de ese envase cuando se convierte en residuo, cosa que sabe que va a ocurrir.
–¿Considera que el Estado y los privados vienen fallando en esta problemática?
–No sé si es importante destacar quién de los dos falla más. Lo cierto es que hoy los privados no pueden argumentar que es inocuo o es gratis lo que ocurre por la falta de tratamiento de esos envases. La industria hoy está externalizando ese costo que le correspondería pagar, y la sociedad a su vez lo está pagando en deterioro ambiental, en estos basurales a cielo abierto, en la falta de dignidad en el trabajo de cartoneros y cartoneras, en esas importaciones de basura plástica de otros países; todo eso es en definitiva la conformación de una externalización de costos.
–¿Por qué cree que es tan resistido el proyecto?
–Creo que todo se resume en una “mala palabra”, que es ideología. Porque el daño ambiental no es inocuo: existe y es inocultable, y la discusión que está detrás de todas las agresiones es quién es el que va a pagar para prevenir o remediar este daño. Y nosotros entendemos, y la comunidad internacional lo entiende así también, que es el productor el que tiene que hacerse responsable y por lo tanto garantizar los fondos para la remediación o prevención del daño ambiental.
–¿Por eso hay un fuerte lobby de las grandes empresas para evitar que el Estado regule la generación de residuos?
–Sin ningún tipo de dudas. Hay un lobby extraordinario con una sucesión de mentiras y difamaciones muy groseras, y con una tergiversación muy fuerte del proyecto de ley diciendo que es un impuesto cuando no lo es, y todos ellos saben diferenciar entre una tasa y un impuesto. Dicen que es compulsivo y no lo es, porque existe la posibilidad de que las empresas privadas tengan y desarrollen sus propios sistemas de gestión sin pagar la tasa ambiental que propone la ley. Y eso no lo dicen.
–Las empresas privadas argumentan que ellas se pueden autorregular y que no es necesaria la intervención del Estado.
–El proyecto de ley establece las dos opciones de gestión: la privada y la gestión financiada con la recaudación del 3% máximo del valor mayorista de los envases. Quiere decir que existe la opción de la autorregulación, por supuesto que no independizada del Estado sino que esos planes deben ser previamente convalidados por el Ministerio de Ambiente. Pero la sola existencia de la autorregulación ha demostrado ser fallida. Te pongo un ejemplo: en nuestro país hay una ley de gestión de envases de fitosanitarios -es decir, los bidones que llevan los agrotóxicos- que hace cinco años está casi inaplicada, justamente porque no prevén del Estado más que su potencial capacidad de fiscalización, y establece que los privados se autorregulan en ese esquema. O sea que la autorregulación de los privados no ha funcionado, porque la tendencia de los productores es a no invertir en reciclaje para que esos sistemas funcionen.
–¿Qué balance tiene de la COP26?
–Nuestro gobierno pudo instalar varias propuestas en la discusión, pero es indudable que el resultado no ha sido el buscado o, si se quiere, las expectativas que se habían generado eran superiores a las que la Cumbre del Clima en Glasgow podía dar, porque no hay un compromiso firme de los Estados que ciertamente son responsables primarios en la contaminación ambiental. «
Ley de Humedales: una “carencia jurídica notoria”
La Ley de Humedales está por perder estado parlamentario en el Congreso, y desde Ambiente aseguran que en el “mientras tanto” trabajan con las herramientas que tienen en sus manos: “Por ejemplo, la Ley General del Ambiente, con la que se ha intervenido frente a los incendios del Delta del Paraná tanto el año pasado como este año, pero indudablemente la carencia de una herramienta jurídica es muy notoria”, destaca Sergio Federovisky. En Buenos Aires, La Rioja, Entre Ríos y Catamarca aparecieron varios focos de incendios forestales. El viceministro asegura que “el manejo del fuego funciona y, de hecho, lo podemos mostrar en la incidencia de los incendios entre el año pasado y este”. Afirma que la cartera ambiental consiguió “un fondo de recursos presupuestarios récord” que multiplica por siete la última etapa del gobierno anterior: “Logramos crear el fondo con una alícuota del tres por mil de las pólizas de seguro. Para este año, significó 4500 millones de pesos”.
FUENTE: Tiempo Argentino