Luego de una extensa reunión, la Mesa Nacional de Unidad Popular presidida por Claudio Lozano, sostuvo lo siguiente:
“Después de dos meses de un verdadero golpe de mercado que promueve una devaluación y busca imponerle la política económica al gobierno nacional, asistimos a una modificación del dispositivo institucional del gobierno, donde quien asume el centro del gabinete nacional es aquella fuerza integrante del Frente de Todos (Frente Renovador) y el referente político (Sergio Massa), que mejores vínculos tienen con el poder económico local y los Estados Unidos.
En ese marco, las definiciones adoptadas por el nuevo súper ministro siguen alejando a la gestión gubernamental de los compromisos electorales que definieron el triunfo del Frente de Todos en el 2019.
En este sentido, el intento del plan de ajuste y estabilización presentado por Massa no trae ninguna respuesta concreta para los 25 millones de argentinos que no llegan a fin de mes, para los 17 millones de pobres y los 4 millones de hambrientos que viven en nuestra patria. El refuerzo para jubilados y para trabajadores privados y la amenaza de control sobre el funcionamiento de los planes sociales, poco resuelven respecto del problema más grave que la Argentina tiene y que es su profunda desigualdad.
En este sentido, Unidad Popular ratifica una vez más que toda política que no ponga en el centro de su accionar, estrategias para revertir la injusta distribución de la riqueza y los ingresos, es una política que confronta con los intereses del pueblo argentino y que sigue validando el comportamiento antisocial del núcleo más concentrado del poder económico local y el Fondo Monetario Internacional.
Así, las medidas presentadas por Massa, no son otra cosa que una paritaria donde establece los marcos de negociación con el poder empresarial, el establishment financiero y el Fondo Monetario Internacional.
El compromiso de seguir ajustando las cuentas públicas sin replantear las características de una intervención fiscal absolutamente regresiva, y en ese marco, cumplir con el FMI, es la clave del orden fiscal prometido.
Es notable en este punto la profundización del tarifazo que traslada exclusivamente a los hogares residenciales el costo de servicios que en ningún momento fueron chequeados, es decir, evaluar concretamente cuáles son los costos de producción de estos servicios, evaluación esta que nunca se hizo con el objetivo de seguir ocultando las ganancias de los grandes consumidores industriales, los productores de gas y petróleo y las generadoras.
A la vez, las definiciones del ministro Massa suponen un conjunto de concesiones fiscales, cambiarias y financieras (que no fueron explicitadas) con el objeto de acelerar la liquidación de divisas y el incremento de las exportaciones.
En este sentido, todo lo expuesto no hace más que reforzar el carácter extractivista y exportador que tiene la Argentina.
Así las cosas, “la propuesta Massa” fue la expresión de una paritaria del gobierno con los grandes acreedores y empresarios. Lo que no existe en su dispositivo, es la necesidad que tiene la Argentina de una gran paritaria social, dado el hecho de que lo que está amenazado en nuestro país es la propia reproducción social de quiénes vivimos en él. La pobreza, el hambre, el límite para acceder a los servicios básicos, la situación de nuestros pibes, son parte de estas amenazas.
El debate sobre la insuficiencia de los ingresos de la población y la falta de garantía de los principales derechos sociales de gran parte de los argentinos es lo que no se discute. Es más, se congela un perfil productivo y una lógica de ganadores y perdedores que lejos de resolver el problema de la reproducción de la vida en sociedad lo agrava. El debate por el rumbo productivo que debe dar el país, no puede ser en abstracto. “El cómo queremos vivir, nos debe señalar el cómo queremos producir”.
Por último, el planteo del nuevo ministro eludió hablar del problema principal que enfrenta en la coyuntura nuestra economía y la propia sociedad. Se trata de la situación inflacionaria y el hecho objetivo de que el acuerdo con el Fondo es inflacionario. Por ende, la revisión del Acuerdo es la condición para encarar la puesta en marcha de una propuesta antiinflacionaria que permita recuperar el poder adquisitivo de la mayor parte de la población, condición necesaria para ampliar el mercado interno y evitar el estancamiento de la economía.
Por lo expuesto, Unidad Popular ratifica que la salida a la crisis por parte de un gobierno popular reconoce otro camino y no el que se pretende transitar. No es la asociación con el poder económico local y la subordinación al Fondo Monetario Internacional lo que resolverá los problemas de la Argentina.
En este marco sostenemos:
- La imperiosa necesidad de poner en marcha un Programa Popular Antiinflacionario. Programa éste que para poder implementarse requiere la revisión del acuerdo inflacionario firmado con el Fondo Monetario Internacional. Este programa reconoce tres niveles de intervención: un conjunto de instrumentos que permita desacoplar los precios internacionales de los alimentos y la energía respecto a los precios internos, en segundo lugar, un control social del sistema de formación de precios antes de la góndola, sobre la base de instrumentación de mesas de concertación y control por cadena de producción, sobre todo en alimentos e insumos de uso difundido. Mesas éstas donde participen todos los actores de la cadena, de manera tal de que el Estado en articulación con consumidores, pequeños y medianos productores y trabajadores y cooperativas esté en capacidad de controlar los abusos de posición dominante que en cada cadena de producción se llevan adelante. Tercer nivel, avanzar en un congelamiento del conjunto de precios de la economía por seis meses de manera tal de frenar la inercia inflacionaria y llevar adelante un sistema de control de las rentabilidades sectoriales que permitan ordenar el sistema de precios en la Argentina.
- En segundo lugar, poner en marcha una nueva política de ingresos organizando el sistema de políticas sociales. En este sentido la puesta en marcha de una Renta Básica Universal integrada por la Asignación Universal por Hijo y la creación de un Ingreso Básico Universal equivalente a la línea de indigencia es un punto central para terminar con el hambre en la Argentina.
- Fortalecer el desarrollo de la economía popular sobre la base de crear un área de economía pública y social integrado por el Estado, las organizaciones de la comunidad, las pequeñas y medianas empresas, las experiencias cooperativas, las unidades de autogestión y la puesta en marcha de un Salario Social de Empleo y Formación que integra los 4 millones de trabajadores inscriptos en el registro de la economía popular con un salario equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil para que en el marco de ese área de economía pública y social, se incorporen como fuerza laboral integrada a proyectos de inversión de carácter social absolutamente imprescindibles y necesarios para el desarrollo de la Argentina. Nos referimos a infraestructura sanitaria, educativa, plan de viviendas, estrategias de soberanía alimentaria, o redespliegue territorial de la población sobre la base de la creación de nuevas ciudades aprovechando los inmensos espacios vacíos que tiene nuestro amplio territorio. Es importante señalar que en el año 2020 Unidad Popular le ha presentado al gobierno nacional y al propio Presidente de la Nación o a quien en ese momento tenía a su cargo el Ministerio de Desarrollo Social , la posibilidad de poner en marcha estas propuestas de Renta Básica Universal y de reorganización de la economía popular, sobre la base de una inversión adicional en política social de apenas el 2, 6% del producto total de la Argentina.
- Es imprescindible un refuerzo salarial y sobre los haberes previsionales que se instrumenten no como un bono sino como un incremento concreto sobre los haberes que hoy están percibiendo y sobre los salarios que están percibiendo tanto aquellos trabajadores como jubilados que ganan por debajo de la línea de pobreza.
- La puesta en marcha de un tratamiento integral para la pequeña y mediana empresa.
- Poner en marcha una estrategia de sustitución de importaciones en este contexto de restricción en materia de divisas, aprovechando las investigaciones que hemos desarrollado en el marco del Consejo Consultivo Pyme del Banco Nación y bajo la conducción de nuestro compañero Claudio Lozano donde hemos identificado productores y producciones que están ya en capacidad de sustituir entre el 15 y el 20% del total de las importaciones industriales de nuestro país. Hace falta decisión política, coordinación de los agentes económicos que intervienen en esta discusión, garantizar la vigencia de un Compre Nacional que induzca para que las grandes empresas públicas y las grandes empresas y grandes grupos empresarios que operan en Argentina deban sustituir con producción local, aquello que efectivamente puede sustituirse de lo que hoy están comprando en el exterior.
- Proponemos declarar la emergencia cambiaria y definir al dólar y las divisas como un bien de utilidad pública de manera tal de poner en marcha una estrategia de penalización y de aplicación de la ley de Abastecimiento sobre aquellos que retacean la producción con destino a la exportación y la liquidación de divisas en nuestro país. No se puede seguir permitiendo que cuando algunas familias ocupan un predio vacío porque no tienen donde caerse muertos y necesitan un techo, resulta que son desalojadas violentamente por las fuerzas de seguridad, mientras que hay actores que teniendo un pasar absolutamente holgado en nuestra sociedad, se dan el lujo de retener 20.000 millones de dólares sin ningún tipo de justificación razonable, poniendo en vilo al conjunto de la sociedad y especulando con el nivel del tipo de cambio que como todos sabemos altera el conjunto de los precios de la economía. Terminar con esta doble vara implica que la represión sobre los débiles y la concesión sobre los fuertes, es absolutamente indispensable para poder gobernar la situación que atraviesa nuestro país.
- Rechazamos la lógica extractivista y exportadora que se expresa en las decisiones planteadas por el Ministro Massa, y llamamos a la necesidad de colocar en el centro, la discusión sobre la sustitución de importaciones y a ubicar la dimensión ambiental como una clave necesaria para pensar el nuevo perfil productivo que la Argentina necesita con el objetivo de responder a las necesidades del conjunto de su sociedad.
Por último, la Mesa Nacional de Unidad Popular pasó a cuarto intermedio para el próximo 18 y 19 de agosto en la ciudad de Buenos Aires y de manera presencial se desarrollará un encuentro nacional con representantes de todo el país, con el objetivo de definir la estrategia a adoptar frente a esta nueva etapa del Frente de Todos donde cada vez se parece menos al que se gestara para derrotar a Macri en el año 2019.
Claudio Lozano – Presidente Unidad Popular
Leticia Quagliaro – Vicepresidenta Unidad Popular