Despidieron al hijo del escritor Haroldo Conti de la Biblioteca Nacional, con 35 años de antigüedad y a poco de jubilarse

Entre los 120 trabajadores a quienes no se les renovó el contrato en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (BNMM) a finales de marzo figura Marcelo Conti (Buenos Aires, 1960), hijo mayor del escritor Haroldo Conti, secuestrado por una brigada del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército en mayo de 1976 y que sigue desaparecido. Conti (h) es uno de los trabajadores más antiguos de la BNMM: desde hacía 35 años se desempeñaba en el área de mantenimiento e instalaciones. Tiene 64 años y, en 2025, empezará a tramitar su jubilación.

“Tengo 35 años de servicio en la Biblioteca Nacional -dice Conti a LA NACION-. Soy electricista matriculado. Nunca falté y tengo mis trabajos registrados en una bitácora, para los que dicen que somos ñoquis y todas esas estupideces. Y tengo tutela gremial porque, además de haber sido delegado, soy congresal de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). El despido, desde el punto de vista legal, viola todo tipo de artículos e incisos”. Desde este año, la BNMM depende directamente del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.

Conti ya presentó una medida cautelar ante la Justicia. “El despido es arbitrario e ilegal, pero además es una cuestión política. A mí y a mi hijo, que trabajaba en el Ministerio de Economía, nos echan por ser Conti y por mi militancia gremial”, sostiene. “La Biblioteca Nacional está manejada por un sindicato, Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), a la que pertenecen varios cargos jerárquicos. Esta gente maneja de hecho la Biblioteca y colaboraron en la preparación de las listas de despedidos con la directora”.

Conti no participó del acto en defensa de la BNMM realizado ayer a la tarde en las puertas de la institución, con la presencia de la escritora Claudia Piñeiro y la activista por los derechos humanos Taty Almeida. Para algunos desvinculados de la institución, fue un intento de los sindicatos (UPCN y Asociación Trabajadores del Estado) de ocultar su colaboración con las actuales autoridades en la confección de la lista de despedidos.

En 2022, Conti había denunciado ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) a dos dirigentes gremiales, Federico de Mahieu y Matías Insaurralde, por persecución gremial. “Mahieu, de UPCN, maneja la Biblioteca como un patrón de estancia y cualquiera que se le oponga termina despedido o degradado”, dice. La directora de la BNMM, Susana Soto, no se reunió con Conti.

La bibliotecaria Ana Laura Bugarin (Buenos Aires, 1980) trabajaba desde hacía diecisiete años en la BNMM. “No entiendo por qué me despidieron -dice a LA NACION-. Me considero una persona responsable, hago mi trabajo eficientemente, no tengo ausentes ni conflictos con nadie. Pienso que me han despedido de manera injusta y sin un criterio”.

Bugarin desempeñaba tareas en el Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentinos. “Me encontraba catalogando y poniendo al día materiales que tenían un atraso -cuenta-. Hablando con la nueva directora, habíamos quedado en poner al día ese material bibliográfico. Siempre traté de dar lo mejor para la Biblioteca, siento mucho orgullo y un gran sentido de pertenencia porque es mi segunda casa”, concluye Bugarin, que reclama su reincorporación con el apoyo de UPCN. Soto tampoco conversó con ella.

LA NACION había informado sobre la repercusión que tuvo en el mundo académico e intelectual la desvinculación del profesor e investigador Roberto Casazza. Fuentes de la BNMM dejaron trascender que es posible que haya algunas reincorporaciones; la última palabra, señalan, no la tendría Soto, sino la ministra Pettovello.

Ayer se conoció una carta de apoyo a los trabajadores despedidos de la BNMM, firmada por Jeannette Lebrón Ramos, presidenta de la División de Latinoamérica y el Caribe de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA-LAC, por sus siglas en inglés). “Es lamentable ver cómo 120 empleados han sido despedidos de esta institución, lo que representa una pérdida significativa -se lee en el documento-. Estos despidos no solo afectan a los individuos y sus familias, sino que también impactan negativamente en la capacidad de la Biblioteca Nacional para cumplir con su misión de servir a la comunidad y preservar el patrimonio cultural y científico del país”.

Luego de expresar su solidaridad con las personas afectadas y reiterar el compromiso con la defensa de los derechos laborales de los bibliotecarios y profesionales de la información en toda la región, Lebrón Ramos insta a las autoridades a reconsiderar los despidos y buscar soluciones. “Ofrecemos nuestro apoyo continuo a la comunidad bibliotecaria argentina en estos momentos difíciles”, concluye.

lanacion.com.ar

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