La justicia de Morales intimida públicamente con sentencias express sin derecho a defensa ni a la privacidad
En otro acto de intimidación pública, el Gobierno de Gerardo Morales publicó una lista de manifestantes con las multas que se les pretende aplicar por ser los supuestos responsables de algunas contravenciones ocurridas el 20 de junio pasado. El Juzgado Administrativo Contravencional de Jujuy dictó las primeras sentencias con multas millonarias. Entre los manifestantes hay un joven con retraso madurativo al que le impusieron casi un mes y medio de trabajos comunitarios (figura en la placa dentro del inciso 6).
La Justicia Contravencional de Jujuy, es una dependencia administrativa del Poder Ejecutivo a cargo del Gobernador Gerardo Morales y no pertenece al Poder Judicial. Bajo procedimientos administrativos brevísimos que violaron todos los derechos de los “denunciados”, este jueves pasado impuso multas millonarias sin respetar garantías constitucionales, como el debido proceso de defensa y el derecho personalísimo a la intimidad o privacidad. Los asesores legales de la Multisectorial contra la Reforma Constitucional tuvieron serias limitaciones para acceder a los expedientes y tomar conocimiento de las pruebas en contra de sus defendidos, los cuales conocieron las penas por los medios de prensa, de esta manera también se les vulneró el derecho a reserva o privacidad, dado que está expresamente prohibido publicar los datos personales de los supuestos culpables. Asimismo, es reprochable que antes de conocerse los fundamentos de las penas se elaboren campañas mediáticas de escrache que buscan intimidar a la población con los montos de las multas y estigmatizar a los manifestantes. Las multas serán apeladas y por ende no quedarán firmes.
Estos procedimientos bajo el Código Contravencional en Jujuy son complementarios (anticonstitucionalmente) a la Justicia Penal o a la Justicia Civil, es decir que por un mismo hecho un acusado puede sufrir dos procesamientos con penas diferentes, algo que viola un principio fundamental de nuestro derecho (Non bis in ídem) que prohíbe al Estado juzgar y castigar doblemente, dado que no puede haber sobre un mismo hecho o delito una sanción administrativa (multa) y una sanción penal (prisión).
Luego de la conferencia de comienzos de esta semana donde funcionarios del Gobierno de Gerardo Morales sin realizar ninguna autocrítica, se atribuyeron, ilegalmente, facultades judiciales y omitieron declarar que se iba a investigar la responsabilidades en el accionar de las fuerzas policiales que reprimieron el 17 de junio en Purmamarca, el 20 de junio en San Salvador y el 1 de julio en Humahuaca; represiones donde los efectivos cometieron intento de homicidio al disparar al rostro, donde hubo numerosos heridos graves entre los manifestantes y se realizaron detenciones ilegales, entre otros delitos que se documentaron a través de videos virales (la misma policía rompía vidrieras a su paso, golpeaba a personas en el piso y se infiltraba en las movilizaciones para generar desmanes, con el fin de desprestigiar una lucha genuina y justificar la represión.
Este jueves el Gobierno publicó las listas de manifestantes con las multas que les pretenden aplicar, de esta manera, continúan con la campaña pública de intimidación, extorsión y amenazas contra el conjunto de la sociedad, hundiéndose en el autoritarismo por violentar, permanentemente, el Orden Constitucional y la Democracia.
Frente a esa actitud gubernamental el pueblo tiene derecho a la Resistencia y a la Rebelión pacífica y continuada hasta que el autoritarismo retroceda y hasta que caiga una Reforma Constitucional viciada de nulidad y violatoria de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales, a los cuales la nación adhiere desde 1994.
MULTISECTORIAL CONTRA LA REFORMA CONSTITUCIONAL – 8 de julio del 2023