La ONG Unión Personal Militar Asociación Civil, que nuclea a militares emitió un comunicado en el que cometen la gravedad de exigir al presidente libertario, desintegre la secretaría de Estado inherente a los Derechos Humanos.
Amparados por su apoyo de campaña a la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, este sector proclive a los genocidas de la última dictadura cívico, militar, eclesial y empresaria, conminó a Javier Milei para que deje sin efecto el área que tiene a su cargo, velar por la defensa de los Derechos Humanos y que por décadas siguió el legado que aquel NUNCA MÁS, en los juicios seguidos por los delitos de lesa humanidad.
En el «COMUNICADO» de esta pretensa Unión Civil, con firma de la Comisión Directiva de UPMAC persiguen a NICOLAS GABRIEL TAUBER SANZ -T 82- F 918 -Abogado- junto a FERNANDO MARIO ARIEL ROSSI (MN 90.414), Médico y ADRIANA SONIA TABOADA (MN. 8336), Psicóloga.
Sin reparos, la Unión, expresa: » PEDIMOS SE ELIMINE LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN.
La Unión de Personal Militar Asociación Civil le solicita al señor Presidente de la Nación JAVIER MILEI que, en su reforma de Ministerios, elimine la Secretaría de Derechos Humanos porque, lejos de velar por el cuidado de los derechos esenciales de todos los habitantes de República Argentina, solo se ha dedicado a impulsar como querellante los llamados “juicios de lesa humanidad”, que no son más que la “máscara” de la JUSTICIA VENGANZA que sirvió y sirve para humillar al personal militar, de fuerzas de seguridad y policiales, que participaron en la guerra antisubversiva de los años 70.
Dentro de esta política de persecución queremos mencionar y denunciar a los funcionarios de la Secretaría que, activa e injustamente, someten a los agentes del Estado imputados en dichos juicios a dictámenes tendenciosos y apartados de todo rigorismo jurídico y científico, con el propósito de imponer la teoría que ellos llaman “impunidad gerontológica”, según la cual el beneficio de excarcelación o prisión domiciliaria en razón de la edad o del estado de salud, no debe aplicarse a los imputados en estas causas.
Esto significa, en otras palabras, perseguirlos a cualquier precio y que se mueran en las cárceles, lo que además implica una discriminación, concebida desde una mirada sociológica, carente de fundamente jurídico.» Concluyen los apologetas.
Esto aconteció en la víspera de la presentación realizada por la secretaría que dirige Horacio Pietragalla Corti, el pasado 1 de diciembre, cuando los informes federales del área dieron detalles de las buenas prácticas respecto a Salud Mental, Memoria, Verdad y Justicia y Políticas contra la violencia institucional .
Los PRO Genocidas, apuntaron contra la Secretaría cuyo informe de gestión pone de «relevancia el objetivo de volver a colocar a los derechos humanos como la columna vertebral de las políticas que lleva adelante el Estado, con una mirada a las problemáticas de ayer y de hoy, pero también las del mañana.
Asimismo, se destaca la articulación permanente con los organismos de derechos humanos para dar continuidad y profundizar el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, y la optimización de recursos para llevar adelante las querellas en los juicios por delitos de lesa humanidad.
También se pone de relevancia la consolidación del rol del Museo Sitio de Memoria ESMA como institución referente del patrimonio y los derechos humanos a nivel nacional, regional e internacional, que se vio refrendado con el reconocimiento como patrimonio mundial de la Unesco, por su “valor universal excepcional”.
Además, subraya el trabajo realizado en materia de políticas contra la violencia institucional que implicó el fortalecimiento del equipo de asistencia y acompañamiento a víctimas; la puesta en marcha de un plan de señalizaciones de estos hechos y la capacitación en derechos humanos a más de 6000 miembros de las fuerzas de seguridad de todo el país, entre otras acciones.
Finalmente, hace un repaso de todo el trabajo realizado para cumplir con el mandato de prevenir, promover y proteger los derechos humanos en todo el país, y da cuenta de la necesidad de la continuidad de estas políticas para fortalecer la democracia.» Así figura aún en el propio sitio oficial de DDHH de la Nación.
Cabe mencionar, en honor a las verdades evidentes, que el mayor problema a la fecha que posee el personal militar de la Nación es su OBRA SOCIAL, el manejo de los fondos de la misma, el poco rendimiento ante las demandas del sector activo y la desvirtuación del mutualismo de la entidad civil que no cumple con cubrir las necesidades básicas de sus afiliados.
No obstante, continúan con las cortinas de humo, como hace más de cuatro décadas, apuntando contra el pueblo y las militancias para desviar el foco de atención de los cometidos que todavía persisten en un sector altamente corrompido en su vinculación con el empresariado del extremismo conservador.